México, política económica 2019-2024: ¿capitalismo con progreso social y regional?

1. Introducción

Tanto el Estado como la política económica que establece e implementa, son dos grandes temas centrales para el análisis y comprensión de la realidad mexicana, que representan, tanto sincrónica como diacrónicamente, el resultado de la correlación de fuerzas políticas y económicas que van determinando su evolución.

En los 45 años precedentes al 2019, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), después el Partido Acción Nacional (PAN) y nuevamente el PRI, gobernaron el país con resultados deficientes en el crecimiento económico y en el desarrollo social (Ros, 2019; Torres y Rojas, 2015). El 1º de diciembre de 2018, la conducción del Estado y el gobierno dieron un viraje, manifestando una nueva correlación de fuerzas, con un giro a la izquierda. El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), captó el voto de los inconformes con los resultados de gobiernos anteriores. El nuevo presidente de México prometió cambios en todos los órdenes de la vida económica, política y social del país, poniendo como centro de atención a los sectores más desfavorecidos del desarrollo económico y social.

En este trabajo se analiza la política económica del Estado con su gobierno, desde que tomó posesión la denominada Cuarta Transformación, poniendo en tela de juicio qué tan diferente es en su práctica, en su perspectiva de largo plazo y en su alcance regional, considerando que históricamente la sociedad mexicana ha pasado por dos proyectos de nación, con dos modelos económicos diferentes (Cordera y Tello, 2010), cada uno con sus características que más adelante se analizan, hasta llegar a los resultados del gobierno del Presidente López Obrador. Considerando esos modelos en los períodos 1934-1981, 1982-2018 y 2019-2024, una posible respuesta está en este trabajo, tomando en cuenta que se trata del sistema capitalista en evolución y que se comparan a la luz de la Economía Política de la Política Económica.

2. Metodología

Para realizar el análisis de la política económica como acción del Estado con su gobierno, se tomaron como referentes la teoría del Estado moderno, que conduce obligadamente al enfoque de la Economía Política, para interiorizar los intereses de los diferentes grupos económicos, políticos y sociales más pujantes, en las propuestas y ejecución de la política económica de los gobiernos en turno (Frieden, 2020). Después de definir el concepto de estado, de economía política y de política económica como acción del gobierno. Bajo la visión de las corrientes dominantes en la economía del siglo XX, la keynesiana y la neoliberal, se hizo una explicación de la evolución de la política económica en México, tanto para lograr objetivos de corto como alcances de largo plazo con sus consecuencias. Con estos marcos de referencia se analizaron los períodos 1934-1982, 1983-2018 y el sexenio del gobierno 2019-2024, utilizando la comparación de objetivos, instrumentos, resultados y consecuencias. Para identificar diferencias del último periodo, se realizó un análisis comparativo entre dos propuestas de redireccionamiento de la política económica con las acciones efectuadas, lo que permitió matizar los instrumentos y resultados, así como contrastar con lo realizado en los períodos anteriores; con estos elementos se llegó a las conclusiones. En el Cuadro 1 se hace una síntesis esquematizada sobre la evolución de problemáticas, políticas y relaciones, deducidas del análisis que se hace en cada período. Es necesario aclarar que la variable clave es la intervención del Estado en la economía. El cuadro se presenta antes de la discusión y las conclusiones.

3. Revisión de la literatura y marcos de contexto

El Estado surge como una necesidad para vivir en sociedad; representa el sacrificio de una parte de la libertad individual para que haya una entidad superior que regule las relaciones sociales, brindando protección y seguridad a los individuos, así como la defensa de los territorios y de la soberanía (Gordillo, 2016; Vázquez, 2011). Esta concepción del Estado moderno data de los siglos XV y XVI, en la transición del feudalismo al capitalismo, dando paso a los Estados-nación cuyas características eran la concentración del poder y el monopolio legítimo de la fuerza, con ejércitos para salvaguardar el orden interno y la soberanía, a través de una administración continua (Bobbio, 1987; Miguez, 2009). Analíticamente, sus elementos son un gobierno para ejercer su poder político, una población, un territorio, y un orden jurídico que lo legitima y le fundamenta una organización política, basada en la división de 3 poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial (Aguilera, 2011; Orozco, 2004).

Desde una perspectiva histórica y social del capitalismo, el Estado se concibe y es fundamental, porque a través “… de relaciones complejas… ejerce el trabajo de mediación y de compromiso entre los intereses del grupo dominante y los de los grupos aliados y subordinados (hegemonía), determinando la unidad de los objetivos políticos y económicos” (Gramsci, citado por Macciocchi, 1975: 155). Esto es, que la hegemonía expresa la correlación de fuerzas que se manifiestan dinámicamente y que muestran la capacidad de dominio de un grupo o clase social, sobre el resto (Poulantzas, 1979: 154 y 159). Con ello, las prácticas y acciones (políticas de gobierno) que establece un Estado, son expresión de la fuerza de una clase o grupos sociales que logran que prevalezca su visión del mundo, del orden social y por supuesto de la economía.

En consonancia con lo anterior y más reciente, es la aportación de Jessop (2017), que desde una visión sistémica sobre el Estado lo considera como una relación social donde se condensan las luchas de poder, siendo entonces una forma institucional moldeada por la correlación de fuerzas sociales y el contexto histórico capitalista; se trata de un “aparato” sometido a una “selectividad estratégica”. Su concepción implica un análisis dinámico, variable y evolutivo de equilibrios, de carácter estratégico para identificar las formas estatales que favorecen ciertos intereses en contextos específicos, rescatando con ello la herencia de la teoría de la regulación y las ideas de Gramsci y de Poulantzas. Su análisis sobre la transformación del Estado incorpora la dimensión espacial y territorial en el despliegue y operación del Estado, lo que lo hace sumamente sugerente para explicar la política económica, sin dejar de reconocer que los trabajadores son mercancías.

Con la consolidación de los Estados-Nación surgió en paralelo la semilla de la economía política, que trataba de explicar el comportamiento de los procesos económicos en relación con la riqueza mercantilista, después con respecto a la riqueza de la tierra, los Fisiócratas; entrando el capitalismo, la explicación comenzó a versar con respecto al valor creado por el trabajo y su distribución entre las clases sociales, pero sancionado por el Estado, según Adam Smith y David Ricardo. Posteriormente Karl Marx, en su crítica explicaba que era el poder del Estado el que mantenía condiciones de explotación y de sometimiento sobre la clase trabajadora, porque representaba los intereses de las clases que se beneficiaban de esas situaciones económicas y políticas. Por esto Marx recomendaba la lucha por el poder político para cambiar la dirección de sus acciones (política económica, entre otras). En estas líneas de pensamiento la política condiciona a la economía y viceversa, por lo que no se concebía una separación de ambas, sino más bien una unidad (Miguez, 2009).

En esta perspectiva definir la economía política implica ir más allá de lo económico, para entrar al campo social y trascender en la política, porque lo que se establece son interrelaciones e interdeterminaciones dinámicas. Al tenor de esta condición se toman las ideas de Engels (1978[1878]), derivadas de la dialéctica materialista, para considerar que la economía política estudia cómo las decisiones políticas influyen en la economía y cómo las condiciones económicas afectan a la sociedad, la distribución de recursos y las políticas públicas; es decir, la economía política analiza las relaciones sociales y de poder en la producción, distribución e intercambio de bienes materiales, para identificar las fuerzas y tendencias del desarrollo sociohistórico.

En los últimos 55 años la economía política ha adquirido mayor peso, porque analiza cómo las fuerzas políticas afectan la economía y cómo la economía influye en la política, pero debido a que en el pasado están la corriente clásica y la crítica del capitalismo, la primera pretende la neutralidad en el análisis, buscando ganadores y perdedores. Para actuar desde la regulación (Frieden, 2020), se asocia con la social democracia y las izquierdas moderadas. La segunda lo hace desde una posición de clase, reconociendo la explotación, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, las crisis económicas, la lucha de clases y el capitalismo global, combinando el análisis empírico con la economía política marxista; contrastando las visiones keynesianas y neoliberales deduce que el Estado no puede salvar al capitalismo de sus contradicciones fundamentales, que se manifiestan en una Larga Depresión desde el 2008 (Roberts, 2017). Otro de sus exponentes contemporáneos es Atilio Borón (2003), marxista, quien analiza desde la Geopolítica la ofensiva imperial estadounidense sobre América Latina, la crisis de la izquierda, el papel de los medios de comunicación y la hegemonía capitalista.

Para efectos de este trabajo ambos enfoques de la economía política pueden ser complementarios en cierta manera, al centralizar el análisis en la esfera de la distribución, que si uno tiene como base la generación de plusvalía y la explotación que genera la desigualdad, el otro identifica ganadores y perdedores como resultado de la distribución inequitativa de los ingresos y por lo tanto lleva a la regulación con la intervención del Estado en la economía. Por su parte, Borón propone la lucha de clases para ascender al poder, pero llegando al poder ¿qué ha pasado? Al menos en la experiencia histórica quienes llegan al poder tienen que hacer política económica; ahí se encuentran los éxitos y fracasos de los gobiernos con orientación social y los de orientación predominante al mercado. La clave está en quiénes llegan al poder y cómo conceptualizan y orientan las acciones del Estado a través de la política económica, en un movimiento dinámico de equilibrios (condensación-mediación) entre los intereses de los grupos de poder en la arena política.

¿De qué trata la política económica? Existen varias definiciones de política económica en la praxis, pero prácticamente coinciden en que se trata de la aplicación de medidas por parte de los gobernantes para alcanzar determinados objetivos. Es la aplicación deliberada de instrumentos hacia fines establecidos (Tinbergen, 1956). Las características de la política económica implican: decisiones de la autoridad, siempre deliberadas y con referencia a fines deseados, que para lograrlos emplea medios e instrumentos. Por lo tanto, en la práctica, su análisis implica analizar los objetivos, instrumentos, conflictos y resultados (Cuadrado y Mancha, 2010).

En este trabajo se utiliza una definición de política económica con utilidad operativa, «...la política económica es aquella parte de la ciencia económica, que estudia las formas y efectos de la intervención del Estado en la vida económica con el objeto de conseguir determinados fines». (Bocchi, 1956, citado por Lessa, 1979, p. 67). En estricto sentido la política económica es una acción del Estado. En síntesis, la Economía Política y la Política Económica brindan los marcos para realizar este análisis y cuestionar sobre sus resultados (Madariaga, 2019).¹

En palabras de Frieden (2020) “La forma en que se organiza la economía política influye en quién gana la contienda por las políticas públicas”. Por lo tanto, es importante distinguir los objetivos en cada período producto de la correlación de fuerzas en el poder, la política económica con su instrumental y los resultados obtenidos por período, para identificar sus diferencias y la dirección del gobierno.

Las principales vertientes de la política económica han sido la política fiscal, la política monetaria y la política exterior, con sus respectivos instrumentos. En la política fiscal, para la administración de los ingresos se utilizan impuestos, subsidios y deuda, que se aplican en el gasto público que puede ser corriente para que opere el sistema de gobierno, de inversión para promover el crecimiento y el financiero para cubrir los déficits. En la política monetaria los instrumentos principales son la oferta monetaria y la tasa de interés, pudiendo ser expansiva o contraccionista, al igual que la fiscal. En la política exterior, para regular los flujos de bienes, servicios y capitales, los instrumentos son el tipo de cambio, los impuestos y las restricciones (Cuadrado y Mancha, 2010). Ahora bien, al ser instrumentos, su orientación e intensidad dependerá de los objetivos, y éstos en un sentido más amplio, del proyecto del grupo político en el poder.

4. Contexto histórico

En la perspectiva histórica, después de la Economía Política Clásica y su crítica marxista, en el último tercio del siglo XIX surgió la corriente Neoclásica con raíces de Economía Política, que trataba de desviar el enfoque de las relaciones sociales de producción, distribución y consumo, a la esfera individual de la escasez, la utilidad y la eficiencia, bajo postulados de libertad y equilibrio en los mercados, donde el estado garantizaba la libertad de acción de los individuos, cuya política económica era “economía sin intervención del estado” (Lessa, 1973, p. 8).

Con la Gran Depresión de 1929 a 1933, los postulados y supuestos neoclásicos se desvanecieron al igual que sus equilibrios; era la primera crisis del capitalismo. En un ambiente de gran incertidumbre y pesimismo económico, político y social, surgió la revolución keynesiana, que proponía la intervención activa del gobierno en la economía para salir de la crisis. En la visión keynesiana la política fiscal y la política monetaria eran las herramientas básicas de la política económica. La política fiscal refiere al manejo del gasto público y de los ingresos tributarios, en tanto que la política monetaria, como ya se mencionó, al manejo de la oferta monetaria y de la tasa de interés, cuyos efectos pueden ser expansivos o contraccionistas según sea necesario para salir de la crisis o para estabilizar los precios. Como se puede deducir, la política económica juega un papel determinante en la conducción de la economía, al influir de manera directa sobre el ingreso y su distribución, en el consumo y la inversión pública, en la tributación, en la tasa de interés y en la cantidad de dinero circulante (Parkin y Loría, 2015).

Después de la Segunda Guerra Mundial, las políticas keynesianas tuvieron más auge y el capitalismo en el mundo occidental vivió sus mejores años. Se elevó el bienestar de la población en muchos países. Sin embargo, los excesos en la política económica desembocaron en déficits fiscales, endeudamientos, ineficiencias e inflaciones que se volvieron obstáculos al crecimiento económico a finales de los años sesenta y en los años setenta, creándose las condiciones para el arribo del Neoliberalismo. Fue la Universidad de Chicago, en sus escuelas de Economía, Derecho y Sociología, la que inició el nuevo encauzamiento teórico y práctico para el capitalismo, que pronto se extendió a otras universidades y centros de poder económico y político, proponiendo antídotos a los efectos de las políticas keynesianas, con ajustes severos en las estructuras y en la política económica, restringiendo definitivamente el papel activo del estado en la economía, liberando las restricciones en los mercados y marcando nuevas pautas en el manejo de las economías, que requerían reestructuraciones en los grupos de poder económico y político, así como en el orden institucional (Villarreal, 1983), para preparar la liberalización de las economías y la llegada de la globalización. Es de notar el liderazgo de los EEUU con sus inversiones en este período, y de sus competidores, así como la caída del bloque socialista a finales de los años ochenta del siglo XX (Thurow, 1992).

Si bien las nuevas políticas con sus gobernantes y grupos de poder han hecho crecer económicamente la variedad de capitalismos en el mundo, han olvidado que para crecer sostenidamente en el largo plazo, es necesario repartir lo suficiente para que el sistema se reproduzca continuamente. Sus resultados en casi todos los países han sido bajos niveles de crecimiento económico, siguiendo las recomendaciones del Consenso de Washington (Berumen, 2009), crecientes y desbordados procesos de desigualdad y de empobrecimiento en la mayoría de la población (Piketty, 2014; 2019). Por supuesto los neo-keynesianos han evolucionado, así como los neoliberales con sus propuestas, pero no han podido evitar las crisis económicas en diversos países en crecimiento y sus contagios globales. Tampoco pudieron evitar la crisis financiera del 2008, y todavía titubearon para resolver los problemas económicos provocados por la pandemia: inflación, recesión, mayor desigualdad y pobreza; todo ello en el marco de la libertad, de la democracia y de sus instituciones (Faria-e-Castro, 2021; Haggard y Webb, 1993; Romer, 2021).

Esto que se observa como un tema de Política Económica también es de Economía Política, porque se trata de procesos en donde están en juego los intereses de los grupos de poder, con resultados de ganadores y perdedores sociales y económicos. Esto es, que la economía política de la política económica es el reflejo de la correlación de fuerzas en la sociedad, como se mencionó anteriormente. De aquí la disputa por el poder político y la orientación de la política económica, porque de eso dependerán los objetivos económicos y de desarrollo. Esto necesariamente rebasa la esfera económica y se entremezcla con la esfera política y social, para buscar los equilibrios que permitan la gobernabilidad, el crecimiento económico, la estabilidad social en un ambiente de libertad y democracia (Alesina y Perotti, 1994).

En esta perspectiva se da el debate sobre la orientación de los modelos económicos dependiendo de los objetivos, en los que subyacen los intereses de los grupos de poder, del gobierno y de sus apoyos. Si el interés del gobierno se concentra en beneficiar a los dueños del capital, las mejores políticas son las que maximizan el crecimiento, pero habrá mayor desigualdad en la distribución de la riqueza y el ingreso. En la evidencia empírica, la desigualdad en la distribución de la tierra y del ingreso estaba correlacionada negativamente con el crecimiento económico de períodos subsecuentes (Alesina y Rodrik, 1994). Por otra parte, se encuentran estudios contrastantes a nivel nacional también en otros países, en el sentido de que al inicio del crecimiento la desigualdad aumentaba, pero disminuía conforme aumentaba el PIB per cápita. Los factores que alentaban el crecimiento estaban relacionados con la apertura internacional, la mayor esperanza de vida, un marco jurídico confiable y menores tasas de fertilidad (Barro, 2008).

Como se puede deducir, el crecimiento económico no es suficiente para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población de un país, porque las estructuras e instituciones económicas, políticas y sociales que sustentan el crecimiento tienen elementos, mecanismos y procesos que reproducen las formas en que tiende a concentrarse la distribución del ingreso en los grupos con mayor poder, que paradójicamente se vuelven el principal obstáculo para el crecimiento (Banco Mundial 2005, p. 95). Al respecto, los reportes de Oxfam mostraron que incluso con la pandemia, se había concentrado aún más la riqueza en el mundo a nivel de unas cuantas personas en los países, incluyendo México, con sus respectivas consecuencias sociales (Ahmed et al., 2022).

Con estos planteamientos, apoyados por la economía política, se trata de dar una explicación de la aplicación de la política económica en la evolución de la economía mexicana, y dilucidar si la del gobierno de 2018-2025 es diferente a la del período 1934-1982 (proyecto de desarrollo nacionalista), y a la del periodo 1983-2018 (proyecto neoliberal).

5. Período 1934-1982. Modelo de desarrollo con fuerte intervención del estado en la economía

Este período tuvo como objetivo de largo plazo la consolidación del Estado como promotor del desarrollo, para mejorar las condiciones de vida de la población, con etapas evolutivas diferenciadas: de 1934 a 1939 la consolidación y formación de instituciones para el despegue; de 1940 a 1970 la industrialización como eje del crecimiento económico, que condujo al desarrollo estabilizador conocido como el milagro mexicano; el desarrollo compartido hasta 1976 y finalmente el auge petrolero y la crisis de 1982 (Cárdenas, 2008).

Todos estos años se caracterizaron por una estrategia donde el Estado mexicano encabezaba el crecimiento y el desarrollo del país. En efecto, después de la Revolución Mexicana, se presentó una disputa por el poder entre los grupos que se habían levantado en armas, que fue aplacándose con la llegada del presidente Calles (1924-1928), quien fundó las primeras instituciones básicas para el arreglo económico y el político, en 1925 el Banco de México y en 1929 el Partido Nacional Revolucionario. Con las reformas cardenistas, después de 1934 se pusieron las bases para desarrollar una estrategia de desarrollo sustentada en la industrialización, emulando a las potencias económicas de entonces, pero con fuerte herencia de la Revolución. La estrategia se complementaba con la reformulación del partido mayoritario que el Gral. Cárdenas transformó en el Partido de la Revolución Mexicana, para tener el apoyo político y mantener la cohesión social. La clase empresarial mexicana tenía poca presencia y eran los inversionistas extranjeros los que más presión ejercían (Meyer, 1977).

A partir de 1940 se implementó el modelo de sustitución de importaciones para industrializar al país. A través de sus gobiernos, el Estado mexicano implementó políticas económicas para impulsar este proceso: la política de gasto, de fuerte inversión en infraestructura y de subsidios a la industria, la política monetaria con bajas tasas de interés y expansión monetaria, la cambiaria con tipo de cambio fijo y sobrevaluado, y la comercial con fuerte y prolongado proteccionismo, fueron determinantes para el crecimiento económico. En la parte social el Estado fue el gran promotor de la política del bienestar, creando instituciones de educación, salud, así como legislaciones laborales y agrarias (Cabral, 1985). Los resultados en sus mejores años fueron crecimientos anuales promedio de 6.1% del PIB y de 3.2% del PIB per cápita, con una fuerte intervención del Estado con política fiscal y monetaria para impulsar un proceso de desarrollo sustentado en la industrialización, en el mercado interno y en el petróleo en el último sexenio de este período (Calva, 2022). En la parte política, el presidencialismo y el partido dominante, que en 1946 cambió a Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue el sostén del crecimiento apoyando fuertemente al gobierno en su grado de intervención en la economía, controlando los salarios a través del sindicalismo corporativo de la Confederación de Trabajadores de México, y los precios de los productos del campo a través de la Confederación Nacional Campesina. Entre los grupos de poder que también ejercían presión estaban sin duda el ejército, una tecnocracia en ascenso, los empresarios más prominentes que caminaban de la mano del gobierno, los dueños de los medios de comunicación como la televisión, de la industria de la construcción, de los grandes establecimientos industriales y comercios -como los de Monterrey-, otros agrupados en cámaras y sindicatos como la Confederación Patronal de la República Mexicana, los banqueros e inversionistas extranjeros, que lograban incorporar sus intereses en la política económica, reflejados en gran parte en la política proteccionista. En contraste, los partidos de oposición eran pequeños y con muy baja capacidad de competir electoralmente. Con poca influencia política estaban los partidos y grupos de izquierda, así como otros sectores de la sociedad inconforme, entre ellos estudiantes universitarios, intelectuales y artistas (Revueltas, 1993).

El último respiro para el modelo económico, como se mencionó antes, fueron las fuertes inversiones públicas en el sector petrolero, que permitieron cuantiosas exportaciones, ingresos y créditos para un gobierno que fue sorprendido por la caída de los precios del petróleo a nivel internacional, llevando a una gran devaluación de la moneda, hiperinflación y altos niveles de endeudamiento en 1982 (Székely, 1983). La estructura del gasto del gobierno en todo el período de fuerte intervención estatal se centró en la inversión en infraestructura, como caminos y presas, industrialización, petróleo y electricidad, así como una participación estatal importante con un gran número de empresas. El gasto corriente se orientó a apuntalar el crecimiento con la expansión de la burocracia y los servicios de seguridad social (Cárdenas, 2008).

Este período terminó con grandes desequilibrios fiscales y de balanza de pagos, debido también a la ausencia de una reforma fiscal, con mínimos impulsos para continuar con la industrialización y con altos niveles de protección injustificados, con estructuras oligopólicas en industrias dinámicas y concentradas dirigidas por la inversión extranjera, con un sector agrícola descapitalizado y empobrecido, con una clase empresarial consolidada, ávida de participar en política -no sólo a través del partido dominante-, con una clase media emergida principalmente de la burocracia gubernamental y de la empresa mediana y grande. Con estructuras económicas y políticas que generaban pobreza y desigualdad en la distribución de la riqueza, del ingreso y regional, con el Norte más avanzado y el Sureste con grandes rezagos, no obstante los esfuerzos generalizados de la política social, con sectores de la población que reclamaban libertad y democracia. Es importante reconocer que la naturaleza ya estaba fuertemente sometida a la extracción de recursos y a recibir desechos del desarrollo industrial y urbano. La relación con los Estados Unidos se convirtió en una dependencia económica en términos de inversión, de endeudamiento, matizada por una distancia fundada en la defensa de la soberanía. Bajo estas condiciones y con la crisis económica de 1982 se dio el quiebre del modelo económico y del proyecto de nación basado en los postulados de la Revolución (Corona, 2009), rompiéndose el gran acuerdo con parte de las élites, en específico los banqueros (Cárdenas, 2008). Se sugiere revisar el Cuadro 1 donde se hacen las comparaciones por período.

6. Período 1983-2018. Viraje hacia el modelo de crecimiento con predominio del mercado

Con la globalización en ciernes y las condiciones antes descritas llegaron al poder los ejecutores de las nuevas políticas neoliberales, pretendiendo resolver los desequilibrios del pasado liberando los mercados, estableciendo como objetivos básicos la estabilización de la economía, el equilibrio fiscal y el pago de la deuda tal como lo exigía el Fondo Monetario Internacional. Pero el objetivo primordial era realmente cambiar el modelo de crecimiento para reinsertarlo en la economía internacional, y que fuera el mercado el que lo dirigiera, tal como posteriormente lo fomentaría el Consenso de Washington.

Con ese objetivo se empeñaron en disminuir la intervención del gobierno en la economía, reduciendo su gasto e inversión, principalmente el de orientación social y estratégica, privatizando, liberando el comercio exterior, desmantelando la política proteccionista, para reorientar el modelo económico hacia la exportación, eliminando la política industrial y desregulando a la inversión extranjera, para que fuera el mercado externo el que asignara los recursos. Se esperaba que la inversión privada asumiera el papel principal en el crecimiento y orientación de la economía. Los resultados fueron evidentes. Después de varias crisis en 1985, 1987 y 1994 se logró controlar la inflación con déficits fiscales cada vez menores. La participación del gobierno en la economía se redujo sustancialmente; sólo le quedaron dos grandes empresas, Pemex y CFE. Las exportaciones manufactureras llegaron a ser las más importantes, se liberaron el mercado de tipos de cambios y el sistema bancario, acompañado de la autonomía para el Banco de México, cuyo mandato principal fue controlar la inflación y ya no coadyuvar al crecimiento. Se limitó el papel de la política monetaria, que prácticamente había sido restrictiva todo el período. En esa línea, se abrió la entrada a la inversión extranjera en sectores que tenía restringidos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte [TLCAN] fue el logro económico más exitoso de este periodo, porque se alcanzó a cointegrar la industria manufacturera mexicana con la norteamericana, exportar la mayor cantidad de mercancías y atraer gran cantidad de empresas extranjeras por los bajos costos de la mano de obra, elevándose los niveles de empleo con mejores salarios; las ciudades con mejores condiciones para la industria, el comercio y el turismo internacional concentraron los crecimientos económicos. La agricultura de exportación también se benefició, pero la cointegración comenzó a tener límites al llegar el presidente Donald Trump, quien calificó el TLCAN como el peor negocio que habían hecho los EEUU y demandó su renegociación. Entre 1983 y 2017 la tasa media anual de crecimiento del PIB fue de 2.3% y la del PIB per cápita de 0.7%, lo que significó tres décadas y media perdidas para el desarrollo, en opinión de Calva (2022).

En un balance del período, la estabilización limitó el crecimiento e incrementó la pobreza y la desigualdad, a pesar de los programas sociales focalizados que sólo eran compensatorios (Banco Mundial, 2005; Mendoza, 2022); con la inflación cayeron los salarios reales, la contención salarial empobreció y limitó el crecimiento; el creciente desempleo tuvo tres salidas: la economía informal, la migración y en los últimos años el crimen organizado (Camberos y Bracamontes, 2015).

A partir del año 2000, aprovechando los excedentes del petróleo, el gobierno inició un comportamiento rentista, dejando de lado aumentos de impuestos progresivos de carácter distributivo e incentivos productivos, así como la inversión bruta fija (Farfán-Mares, 2011).

La estructura del gasto público en este período de 36 años se transformó fuertemente, producto del cambio al modelo neoliberal, caracterizado por la reducción del tamaño e intervención del Estado, la disminución de la inversión física, la atención primordial del gasto corriente y el incremento desbordado de las transferencias no programables, en específico la deuda, y a partir del 2000 en las participaciones a los estados (Elizondo, 2023).

La apertura de la economía y la cointegración con la de los EEUU impulsaron el crecimiento económico, que benefició a los que pudieron aprovechar estas circunstancias, más los que estuvieron ligados al poder político, que formaron los principales apoyos para consolidar los cambios (Tornell y Esquivel, 1998). También se visibilizaron nuevos poderes fácticos como los grandes y poderosos medios de comunicación, sindicatos nacionales que fueron alcanzando autonomía respecto del gobierno y del partido dominante, los grandes grupos exportadores, el influyente club de Hombres de Negocios, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Asociación Mexicana de Bancos, la Cámara México-Americana de Comercio y el propio gobierno de los EEUU, entre los principales.

Con la fundación del Instituto Nacional Electoral se crearon condiciones para un ambiente de mayor competencia política, que condujo a la alternancia política, logrando el PAN subir a la presidencia de la república. Años más tarde, de regreso el PRI, se moldearon instituciones que fortalecieron el modelo económico, como las reformas estructurales del 2013, pero también se desbordaron la corrupción, la impunidad, la inseguridad y el crimen organizado (Cisneros, 2018). Al final del periodo fueron más las reprobaciones que propiciaron el arribo de MORENA al poder. Se sugiere revisar el Cuadro 1 donde se hacen las comparaciones por período.

7. Período 2019-2024

¿Regreso al estado intervencionista y benefactor social con enfoque regional?

En la perspectiva mencionada inició el sexenio manteniendo la estabilidad macroeconómica con inflación muy cercana a la meta, con disciplina fiscal, persistiendo el bajo crecimiento. Uno de los pilares de la política del gobierno eran los programas sociales, con fuertes efectos económicos, siendo los más destacados las transferencias a la población de adultos mayores y de jóvenes, que entre 2019 y 2024 aumentaron 131%, en tanto que el gasto en desarrollo social creció 5.3% anual (Secretaría de Hacienda y Crédito Público [SHCP], 2024a).² El gasto en desarrollo social representaba gasto en la economía, consumo e inversión de bienes y servicios, que incrementaba la demanda con perspectiva social, lo cual era consistente con el discurso político y le daba mayor legitimidad y apoyo popular al gobierno.

Otro pilar de la política económica eran las inversiones públicas³ para el desarrollo regional con una perspectiva de largo plazo, con la intención de crear condiciones para una redistribución del crecimiento económico en términos territoriales. En esta dirección, los mayores impactos iban en cuatro proyectos emblemáticos, aclarando que no eran los únicos: el primero, el Aeropuerto “Gral. Felipe Ángeles” que contribuiría a desconcentrar los flujos de personas, de vehículos y de mercancías, promoviendo el desarrollo regional y reduciendo la presión sobre el aeropuerto de la Ciudad de México. Esta obra era de las más controvertidas, porque eliminó la construcción del que se había iniciado en Texcoco afectando fuertes intereses, representó el inicio de la crítica abierta y opositora a las acciones del gobierno desde los grandes medios de comunicación, también afectados en sus ingresos. La obra ha sido construida por el ejército, sentando un precedente. Visto a la distancia también representó el primer ensayo del presidente para medir la fuerza de la oposición, de paso, ponderó la creciente participación de las fuerzas armadas más allá de sus funciones tradicionales.

El segundo proyecto fue el de la Refinería de Dos Bocas, que representaba la oportunidad de transformar el petróleo crudo en productos con mayor valor agregado, que en una perspectiva estratégica ayudaría al abastecimiento y menor vulnerabilidad energética (autonomía), en un mercado todavía calculado para más de 25 años.⁴ Este proyecto, además de contribuir a la competitividad de la economía, proporcionaría recursos y margen de maniobra al gobierno en negociaciones de política económica frente a los grupos poderosos del país y el extranjero. Este proyecto también fue criticado, al que se sumaron grupos que no comulgaban con el manejo de los recursos públicos, argumentando la ineficiencia del gobierno para manejar empresas, el riesgo de la corrupción, el costo de oportunidad de la obra cuyos recursos podrían ser fines sociales, la baja rentabilidad de ese tipo de negocio que iba de salida del mercado, y el ir en contra de la sostenibilidad por no fomentar las energías limpias.

El tercer proyecto fue el Tren Maya, seguramente el proyecto con mayor alcance social y económico regional, porque representaba la alternativa para desarrollar una de las regiones más atrasadas del país, el Sureste peninsular. Con el tren se pretendía detonar el desarrollo de las regiones con sus habitantes y aprovechar el uso de los recursos naturales con una política de cuidado sociocultural y ambiental. Las críticas que ha recibido comenzaron por el atropello de los derechos de los pueblos sobre su territorio y sobre la destrucción de los ecosistemas. A la oposición se agregaron grupos ambientalistas. El reto que se enfrentaba era que fueran mínimas las afectaciones a los ecosistemas y que los beneficios realmente llegaran a los habitantes de la región y no sólo contribuyeran a concentrar más la riqueza y el ingreso en esa parte del país.

El cuarto proyecto era el Corredor Interoceánico, que atravesaría la cintura del país uniendo los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, uno en el Pacífico y el otro en el Golfo de México, impulsando el desarrollo regional y de las comunidades, ampliando las alternativas de inversión para la exportación. Se trataba de un proyecto estratégico para el comercio internacional porque competiría con el Canal de Panamá pero con ventajas competitivas superiores, tanto por su localización como por la logística que se podía desarrollar que lo haría más eficiente. Este proyecto no recibió críticas relevantes, probablemente porque se trataba de infraestructura que contribuiría a apuntalar la inversión privada directamente. No obstante, el reto era el mismo que en el proyecto anterior si se quería beneficiar a la población de la región.

Vistos en una perspectiva estratégica, los proyectos representaban la oportunidad de disminuir las desigualdades regionales, desarrollando las economías locales. También representaban importante inversión para el crecimiento de la economía nacional, que no se detuvo en la pandemia porque no dependía de la rentabilidad financiera, sino de criterios estratégicos y de beneficio público, aunque con recursos muy limitados. En esta dinámica, la inversión física pública en desarrollo económico y social disminuyó 20.6% durante el sexenio, pero comparado con el anterior, fue superior en los dos últimos años. Disminuyendo en combustibles y energía 29.8%, en desarrollo social 24.2%, específicamente vivienda, y en educación 27.7%. En contraste aumentó fuertemente en transporte 32.5%, en salud 26.5% y en actividades de seguridad nacional 81.1%. Como proporción del PIB fue de 2.7%, menor a la del sexenio anterior 3.5%, y apenas arriba del 2.4% desde el gobierno del presidente Zedillo (Amador, 2025; Centro de Investigación Económica y Presupuestaria [CIEP], 2025).

En el balance fiscal los resultados fueron menores superávits primarios, hasta el cuarto año de gobierno. Esto fue criticado por algunos grupos que reclamaron ayudas para la reactivación económica por la pandemia, sin embargo, esto dio al gobierno un mayor margen de maniobra para impulsar la recuperación del crecimiento desde una perspectiva distinta de menor endeudamiento. No se puede dejar de mencionar que se mantenía la disciplina fiscal y la estabilidad de la economía con sus respectivos costos para el crecimiento, aunque en los dos últimos años del sexenio el gasto y la deuda pública alcanzaron máximos históricos (CIEP, 2023), que en la visión de la Secretaría de Hacienda eran manejables (SHCP, 2024b).

En esta tesitura el objetivo de alcanzar un crecimiento económico que respondiera a las necesidades de crecimiento de la población no se alcanzó, el crecimiento promedio anual fue de 0.81%, con fuertes altibajos, sin abandonar la atonía del bajo crecimiento.⁵ En términos per cápita la contracción fue de 1.05%, la más baja desde dos sexenios anteriores. La explicación estuvo relacionada con la recesión desde 2019, la lenta recuperación post pandemia, el bajo desempeño de la inversión privada, y la política de austeridad (Siller, 2024).

Otro de los pilares importantes de la política económica fue el manejo relacionado con el sector externo. Desde que se abrió la economía en 1984 se aceleró el cambio estructural, bajando la protección a la industria que fue purgando el aparato productivo con quiebras de empresas y desempleo. El modelo de crecimiento económico se enfocó hacia afuera a partir de la exportación no petrolera y el objetivo se cumplió, México se convirtió en país exportador de manufacturas con varios tratados comerciales, siendo el más relevante el renombrado Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Como se mencionó antes, desde 1994, cuando inició el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), se fueron formando cadenas productivas entre los tres países, que en el caso de México llevaron a una cointegración con la economía estadounidense. Por ello el gobierno mantenía una buena relación económica con los socios comerciales, realizando la reforma laboral que era condición para la renegociación del T-MEC y aceptando cambios en las reglas de origen (en la primera era Trump). Los resultados eran plausibles, crecientes exportaciones manufactureras y mayor inversión extranjera directa (Secretaría de Economía [SE], 2024). Es de mencionar que se mantenía la política cambiaria, que había ayudado a un tipo de cambio acorde con las condiciones del mercado y de la pandemia en su momento.

También en el sector externo destacaban las remesas que enviaban los migrantes continuamente, que contribuían a aumentar las reservas internacionales (Banco de México, 2025a), apuntalando la continuidad de la actividad económica, la estabilidad del tipo de cambio, pero sobre todo el incremento de la demanda de consumo en localidades y ciudades.

¿Nueva estrategia económica o más de lo mismo?

Con base en el Cuadro 1 y de acuerdo con lo ejecutado en la política económica del sexenio del presidente López Obrador, se observa una mayor intervención del gobierno en la economía a través de la política fiscal, con la recuperación de una parte del sector energético, con un programa de inversiones en infraestructura muy importante, sobre todo en el sureste y con un fuerte gasto social, ciertamente aún insuficientes en la visión del desarrollo económico de largo plazo. La condición de la estabilidad macroeconómica, con disciplina fiscal, con ausencia de una reforma fiscal, con niveles manejables de endeudamiento y recurriendo a reestructuraciones en el gasto público, con ingresos por mayor recaudación y combate a la corrupción, si bien ha sido un ancla para el crecimiento, también ha sido una ventaja para gobernar, para hacer frente a la pandemia y para la recuperación lenta de la economía, sin abandonar la finalidad social.

Con respecto a la propuesta de política económica caracterizada por su moderación y operatividad, lo que se aprecia es un estado social con un sistema de bienestar en construcción, frenado fuertemente por la pandemia para avanzar hacia un estado que invierte más, pero apegado a los retos y en parte a la política económica de equidad territorial, sobre todo en la convergencia del sureste con el resto del país. Con respecto a la propuesta caracterizada como desafiante y estratégica, el gobierno todavía se encontraba alejado de una estrategia de desarrollo liderada por el estado, con políticas que no terminan de liberarse de los lineamientos del Consenso de Washington, en opinión de Calva (2022).

En el contexto de los cambios o transformaciones que corresponden a un cambio de régimen en lo económico, se puede mencionar que fueron limitados, destacando: 1. la austeridad y la disciplina fiscal que contribuyeron al control de la inflación y la estabilidad de la economía durante el sexenio. 2. la superación del tabú sobre los aumentos al salario mínimo por arriba de la inflación, que fueron propuestos por los empresarios y consensados con el gobierno, para ir recuperando el salario real y robusteciendo el mercado interno, contribuyendo junto a los programas sociales a la disminución de la pobreza. 3. El fortalecimiento del sector energético y las inversiones cuantiosas en infraestructura en el sur-sureste. 4. Poco mencionada pero necesaria fue la reforma laboral que era condición para firmar el T-MEC, y aprovechar las condiciones económicas internacionales para la exportación. 5. En la parte superestructural, resaltaron los intentos por regular algunas actividades económicas para subordinarlas al interés público, con alcances muy limitados debido a la fuerza que ejercían los grupos de oposición desde las instituciones y de facto, i. e. la Suprema Corte de Justicia, Consejeros del INE, el denominado PRIAN (alianza electoral del PAN y el PRI) en el Congreso, los poderosos medios de comunicación y los grupos empresariales afectados por la austeridad y la reorientación del gasto público, así como grupos de intelectuales activos en la comunicación pública, todos grupos que perdieron influencia y generaron tensiones con el gobierno. No obstante, se mantuvo el respeto al estado de derecho, canalizando las iniciativas y controversias por los cauces legales. 6. Se continuó con el respeto a la autonomía del Banco de México, pidiendo que contribuyera al crecimiento económico.

Es muy importante considerar que la estructura de poder tuvo una reconfiguración de gran calado, regresó la centralización en la figura presidencial y nuevos actores: el gabinete y círculo cercano que decidían bajo la dirección directa del presidente; las fuerzas armadas que pasaron a ser un poder fundamental con control sobre la seguridad, la infraestructura crítica, las aduanas y la gestión de empresas; Morena y su estructura partidista; empresarios afines; movimientos sociales y bases populares derivadas de los programas sociales; el partido Verde y del Trabajo. Con todos ellos se cubrían los cuatro campos del poder social, el ideológico, económico, militar y político (Mann, 2014), que apuntalan la solidez de un gobierno fuerte.

Considerando todo lo anterior, es importante mencionar que los mercados financieros en esos seis años (Banco de México, 2025e), no mostraron desavenencia con la política económica, las cotizaciones de la bolsa de valores crecieron, la tasa de interés respondió más a la inflación importada, el tipo de cambio tendió a apreciarse, los hombres más ricos del país aumentaron sustancialmente su riqueza, y México aprovechaba hasta donde se lo permitían sus recursos y condiciones el nearshoring.

Finalmente, en el sexenio, se notó la ausencia de una reforma fiscal que contribuyera a disminuir la desigualdad y la pobreza con más celeridad, pero sobre todo una política de industrialización integral que considerara los cambios demográficos, tecnológicos y climáticos, con una visión muy clara para desarrollar actividades: a) que generaran empleo bien remunerado para disminuir la desigualdad y la pobreza, b) que no acentuaran la dependencia externa para no aumentar la carga de la deuda que limita el crecimiento y c) que fueran de baja carbonización para contribuir a disminuir el calentamiento global (Samaniego et al., 2022).

8. Discusión y conclusiones

Considerando los tres períodos analizados y teniendo como marco de referencia los dos proyectos de nación mencionados al inicio, se puede afirmar que las políticas económicas en cada uno de ellos fueron diferenciadas en función de quienes ejercían el poder y la hegemonía, puesto que los objetivos y las acciones respondían a sus intereses, de acuerdo con Jessop (2017). En el primer periodo, los gobiernos posrevolucionarios, de extracción popular perseguían la consolidación de un Estado desarrollista que logró acuerdos sociales para industrializar el país y mejorar las condiciones de vida de la población. En esta línea las políticas económicas fueron expansivas con una intervención del Estado en la Economía determinante, con un partido dominante, hasta que encontraron sus límites con las crisis económicas y se rompieron los pactos que habían propiciado los progresos económicos y sociales, la pobreza y desigualdad en aumento. Las condiciones externas como las guerras y principalmente la emergencia de la globalización, fueron factores determinantes en el ascenso y caída del proyecto nacionalista.

Lo que pareció el remedio a los excesos de los gobiernos nacionalistas del periodo anterior, se ajustó perfectamente a lo que sería el nuevo proyecto neoliberal que se expandía en el mundo, cuyo objetivo iba más allá de la estabilización, era cambiar el modelo económico con dominio del mercado y las instituciones que garantizaran su operación sin restricciones, esto es, una transformación profunda del Estado con su aparato, para que respondiera a los nuevos intereses emergentes del poder (Jessop, 2017). La política económica cambió de expansiva a contraccionista en casi todos los años, disminuyendo los gastos, los déficits, el tamaño del propio Estado, aumentando la liberalización de la economía y la integración a la globalización. Así se incrustaba el neoliberalismo en América Latina, en consonancia con Borón (2003). La carga del ajuste y del cambio estructural tuvo fuertes costos sociales, mayor pobreza y desigualdad, desempleo, inflación y bajo crecimiento, en contraste con la llegada de grandes millonarios por las privatizaciones, corrupción rampante, narcotráfico infiltrado en las estructuras de poder y la inseguridad, coadyuvaron nuevamente al cambio.

El arribo de la izquierda finalmente se dio, pero con una visión de estado muy parecida a la del proyecto nacionalista y opuesta totalmente (al menos en el discurso) al proyecto neoliberal. Aunque es prematuro hablar de la 4T como un Estado diferente, lo que se observa en el desempeño del gobierno y de la política económica sí tiene diferencias significativas con el anterior. El Estado como tal, siguiendo a Jessop, siguió mediando y condensando las relaciones sociales que resaltó Engels, pero la estructura del poder estaba cambiando, regresando la centralización del poder al presidente, aumentando la presencia e influencia de las fuerzas armadas, aglutinando a las fuerzas sociales dispersas en un movimiento para su sustento, avivándolo todos los días, haciendo alianzas que antes su ortodoxia no permitía, pero fundamentales para crecer y mantenerse, con grandes empresarios nacionales y extranjeros y hasta con el embajador de los EEUU. Pero el sello distintivo estuvo en una mayor participación del Estado en la economía, en sus objetivos de política económica, donde incorporó los intereses de los sectores de la población más desfavorecidos, materializándose en el gasto para desarrollo social y de inversión, manejándolo con prudencia y con un claro interés político. En todo el sexenio se cuidó la estabilidad, pero la política fiscal fue expansionista hasta donde los recursos propios y el endeudamiento se lo permitieron. Se cuidó en todo momento el T-MEC y la compleja relación con los EEUU, respondiendo a los otros intereses en juego. Con todo esto podemos concluir que la política económica estaba respondiendo a cambios de un gobierno de izquierda en la ruta de un capitalismo más social y que realiza inversiones. Así de dialéctica la tendencia hacia un cambio de régimen político.

No obstante, hay reservas, ya que se trata de un período relativamente corto con respecto a los anteriores que tuvieron el tiempo para institucionalizar sus cambios. Sin embargo, la política económica de la Cuarta Transformación estaba haciendo un camino distinto, sin alejarse de lo importante que es mantener la estabilidad en la economía y la integración a la economía internacional. La 4T pretendía un gobierno más social y que invierte más, que lo separa del proyecto neoliberal y lo acerca al nacionalista. Desde la economía política, la política económica ha sentado un precedente, con un carácter más pragmático. La llamada Cuarta Transformación con su gobierno, ha trazado la ruta y la ha consensado con los grupos empresariales que se han beneficiado directamente. Mientras tanto, ha mantenido y aumentado su legitimidad con sus poderosos programas sociales; esto es, el manejo de las Finanzas Públicas se ha hecho con límites presupuestales pero con claro enfoque social y político, lo cual ha desdibujado los intentos de la oposición por descarrilar su tren.

Se puede observar que los márgenes de maniobra para el manejo de la política económica fueron muy estrechos durante el sexenio, que la inercia de bajo crecimiento heredada se pronunció más, que las estructuras e instituciones existentes, la oposición de grupos económicos poderosos al redireccionamiento del modelo económico y los efectos de la pandemia, fueron fuertes limitantes en los primeros tres años de gobierno, traduciéndose en crecimiento económico hasta el año 2021.

No obstante, se ejecutaron cambios en la política económica, el gasto con fuerte contenido social y cobertura universal era diferente a los programas focalizados anteriores. De igual forma, los proyectos de inversión con orientación de desarrollo, que trataban de reducir desigualdades regionales, representaban un alejamiento del papel pasivo de gobiernos precedentes.

Se procedía a retornar a una estrategia de desarrollo liderada por el Estado desde una perspectiva distinta, con moderación, con fuerte acercamiento social, aunque esto le limitara avanzar más de prisa. Los esfuerzos por reducir la pobreza dieron resultados muy positivos y si la democracia se basa en el voto popular, aquí se encontró la fórmula.

Se concluye también que el financiamiento del gasto del gobierno sentó otro precedente, al depender más de los ingresos ordinarios por impuestos, mejorando la recaudación sin recurrir al endeudamiento de manera desmedida, aunque con alcances limitados. Ante esta problemática se requería entonces de una reforma fiscal que aumentara los ingresos, porque México tenía y tiene muy baja captación de impuestos 18.3% del PIB (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2025). Otro precedente es que el gobierno había podido pactar con el sector empresarial aumentos de salarios, que no habían sido inflacionarios notoriamente, lo que abonaba en la recuperación del poder adquisitivo perdido desde los años ochenta, y de paso, ir cumpliendo con los compromisos del T-MEC, que obligaban a cerrar la brecha salarial entre los países. En la pandemia, estos aumentos salariales fueron un aliciente para el consumo y para la economía en su conjunto. En esta perspectiva los grupos de interés, incluso opositores, convergían moldeando equilibrios dinámicos convertidos en acuerdos, muy en consonancia con lo planteado por Jessop (2017), Cuadrado y Mancha (2010) y Frieden (2020).

En el sector externo, la relación con los Estados Unidos fue un tanto diferente y difícil, pero muy cordial al garantizar sus inversiones, al aceptar sus condiciones para mantener la hegemonía en el T-MEC, al colaborar con su seguridad siendo un retén eficaz para la migración, así como un aliado para competir con China. Además, el gobierno de México trabajaba para disminuir la desigualdad y aumentar el bienestar para desincentivar la migración. Todo esto eran ventajas para el país del Norte, por lo que se puede concluir que al gobierno del presidente López Obrador lo respaldaron y apoyaron, que de acuerdo con Borón (2003) son formas de una relación de dependencia.

No se puede dejar de mencionar que la pandemia limitó los alcances de la política económica del gobierno, por lo que seguían los grandes pendientes: aumentar el crecimiento, disminuir la desigualdad, la pobreza y la informalidad, implementar una política industrial que permitiera un crecimiento acelerado generando empleo, menor dependencia del exterior y con actividades de muy baja carbonización; en la misma perspectiva de mediano plazo, blindar el sistema de pensiones, y en lo urgente transitar a un ambiente con energías limpias.

Es claro que aun siendo un partido de izquierda, sus márgenes de maniobra estaban delimitados en el marco de un sistema capitalista, por lo que parece que el país se encontraba en una transición más profunda, desde la reconfiguración del poder, su proyecto y objetivos, como en la reorientación del modelo económico, más palpable en su política económica y en sus efectos que impactan en la estructura, pero que seguirá necesariamente el cambio hacia las instituciones, que forman parte de la superestructura que reproduce y garantiza el sistema de distribución del valor, requisitos que el propio Jessop (2017) reconoce como nuevos equilibrios dinámicos, que van explicando la condensación de la mediación al interior del estado y la consolidación del grupo hegemónico en el poder (Poulantzas, 1979). En la visión de Engels (1978[1878]), los cambios provocados con la aplicación de la política económica representan los movimientos dialécticos, que van explicando las transiciones histórico-sociales.

Como conclusión general se puede argumentar que el gobierno en funciones actuaba con cautela en el manejo de la política económica de corto plazo, manteniendo la estabilidad y la disciplina fiscal hasta el 5º año de gobierno. Que utilizaba el gasto social para responder a los reclamos de menores niveles de pobreza y desigualdad. Que se estaba diferenciando de gobiernos anteriores, porque perseguía un crecimiento con mayor participación del Estado en la economía, a través de fuertes inversiones públicas en sectores estratégicos regionales. A la distancia, el gobierno estaba intentando poner las bases para un desarrollo de largo plazo con liderazgo del Estado, pero tropezando con obstáculos importantes, que, aunque la correlación de fuerzas políticas le favorecía en los órganos legislativos, sus avances no eran los esperados en crecimiento y disminución de la pobreza y la desigualdad, por lo que el segundo piso de la Cuarta Transformación sería crucial para el gobierno, si pretende trascender hacia un nuevo proyecto de nación.

Desde una óptica más amplia, se puede concluir que el capitalismo mexicano traía su inercia de bajo crecimiento económico desde muchos años atrás, y que la política económica del gobierno trataba de modificar el modelo económico, en un intento por reorientarlo. Sin embargo, un cambio de esa magnitud debe complementarse con la reformulación del contrato social, esto es, de las reglas del juego social. Lo que implica el fortalecimiento de las instituciones de impartición de justicia, del orden democrático y de la sostenibilidad ambiental, para avanzar hacia un Capitalismo con Democracia Social. No olvidemos que el desarrollo de un país debe estar basado en la evolución y consolidación de un Estado fuerte, que resista las presiones de los grupos de poder; que con su política económica responda a los intereses de quienes lo llevaron al poder, esto es, gobernar desde la economía política.